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Las falacias del consejo universitario de la BUAP

La Universidad no es una empresa ofrecedora de servicios, tiene una función primordial que es la de garantizar la educación y el ejercicio de la libertad de expresión, asegura la maestra Guadalupe Grajales, candidata a rectora de la BUAP. (Foto Agencia Enfoque)

Guadalupe Grajales

A falta de razones los consejeros universitarios ofrecieron falsos liderazgos

Quien haya escuchado toda la sesión llevada a cabo por el consejo universitario este miércoles 24 de mayo, cuenta con un verdadero arsenal de ejemplos para ilustrar cómo no se debe argumentar, cómo introducir razones que aparentemente tienen una relación lógica con lo que se quiere demostrar, cómo sustituir esa relación lógica con una psicológica que apela al miedo, a la envidia, al odio, a la lástima, a un falso sentido de pertenencia a una comunidad, “Todos somos BUAP”, a una falsa autoridad, en fin a una emoción que intenta ganar el asentimiento de quien escucha pero no por la vía racional.

Escuchamos cómo minimizaron la postura de las y los consejeros estudiantes que decidieron abstenerse por la falta de tiempo indispensable para dar a conocer la propuesta de modificación de la Ley de la BUAP a sus representados. La “razón” esgrimida por una autoridad personal para descalificar tal postura fue la de apelar al número, a la fuerza, puesto que, arguyó esta autoridad, una unidad académica como la del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” apenas alcanza los trescientos (300) miembros, en cambio la suya es diecisiete veces mayor. Es verdaderamente alarmante que, en un consejo universitario, que debiera ser ejemplo de la conducta respetuosa que se deben los universitarios entre sí, se dejen pasar sin más este tipo de invectivas en contra de las posturas y opiniones de quienes lo conforman. Tanto se adornan los defensores de la modificación a la ley con la supuesta calidad incluyente de la nueva propuesta que resulta grotesco que se discrimine a las y los estudiantes, y a todos los integrantes de una unidad académica, por ser “bien poquitos” y por pensar de forma distinta.

¿En dónde queda entonces la tarea propia del consejo universitario que es la de discutir, deliberar, argumentar, dialogar para resolver de acuerdo con las razones que se ofrecen? Los consejeros universitarios no representan números, representan disciplinas, sus modos de cultivarlas, y también sus modos de hacer política. Justamente lo que se espera de un instituto como éste, dedicado al cultivo de las humanidades y de las ciencias sociales, es la clase de razones de peso que las y los compañeros estudiantes adujeron. Y ninguna autoridad, por abultada que sea la unidad que dirige, tiene el derecho a demeritar el gran valor que tiene la conciencia de representar a una parte valiosa de la comunidad universitaria, ni mucho menos hacerlo apelando a razones falaces, en lugar de ofrecer razones verdaderamente contrarias a las ofrecidas por los estudiantes del instituto. ¿Qué hubiera pasado si los argumentos de éstos hubieran sido esgrimidos por los representantes de las facultades de administración, de derecho y de contaduría? Sus números son mucho mayores. ¿Qué hubiera podido alegar esa autoridad? Esto demuestra que su razonamiento es falaz.

Otro argumento falaz aducido fue que como algunas partes de la propuesta eran buenas, entonces la propuesta era buena en su totalidad y había que aprobarla. Algo así como si el bióxido de carbono es bueno para las plantas, entonces hay que fomentar su producción incluso si la vía escogida para hacerlo es decretar el aumento del uso de automóviles de gasolina que provocan un efecto invernadero.

Otro argumento falaz empleado a lo largo y lo ancho de la sesión del consejo universitario fue el de “justificar” la manera apresurada y atropellada de tomar una decisión trascendental para la vida universitaria en aras de sujetarse a los tiempos del Congreso del Estado. ¿Tenía la BUAP un plazo establecido por el poder legislativo para aprobar una modificación a su Ley? ¡Claro que no! Esta idea de la “armonización” de las normas de las universidades autónomas con las leyes de carácter nacional incluso está limitada por lo que la misma Ley General de Educación Superior señala en su primer artículo : “Las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía contarán con todas las facultades y garantías institucionales que se establecen en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas, la normatividad que deriva de éstas y, en lo que resulte compatible, (énfasis mío) por las disposiciones de la presente Ley.”

El argumento general de la armonización de la ley no puede justificar por sí mismo la propuesta de armonización. Las reformas penales pueden tener como razón general el disminuir el número de delitos, pero el punto es si las medidas específicas propuestas para hacerlo tienen relación y son eficaces para lograr ese objetivo.

Otro argumento falaz para justificar el atropello de esta decisión fue el afirmar que antes de que nos impongan una nueva Ley desde el Congreso del Estado, mejor nosotros los universitarios la cambiamos. ¿De dónde saca la administración central tamaña presunción? ¿Acaso el Poder Legislativo del Estado ya tenía en su agenda la revisión de la Ley de la BUAP? ¡Por supuesto que no! Nuevamente se recurre a despertar el miedo o el temor, totalmente infundado, para obligar a aceptar una decisión fraguada en menos de 15 días.

Y nosotros nos preguntamos: ¿Cómo le hicieron para incorporar las propuestas de 53, 459 (cincuenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve) integrantes de la comunidad universitaria? Ah pues muy fácil, ¡gracias a la inteligencia artificial! La “consulta” terminó el lunes a la medianoche, el martes trabajaron “sin descanso” y el miércoles en la mañana enviaron el cuaderno de trabajo a los consejeros para ser discutido el mismo miércoles a las doce treinta del día. Un documento que consta de 88 páginas. ¿Ustedes creen que siquiera lo hojearon? Obviamente no.

Ahora los universitarios nos encontramos ante una situación distinta. Se perdió la oportunidad de hacer una revisión seria, profunda de toda nuestra normatividad y la decisión respecto a ella se nos ha arrebatado. No pudimos conocer y mucho menos discutir la modificación con el único criterio que debe prevalecer entre nosotros: legislar para beneficio real de todas y todos los estudiantes, las y los docentes y los trabajadores(as) administrativos.

Aun así, y a pesar de que nuevamente la administración central ha inmovilizado a la universidad con el pretexto de la actividad del volcán, ha habido pronunciamientos de la comunidad universitaria que no pueden ser ignorados.

Es un hecho que los universitarios(as) estamos en la indefensión total con un consejo universitario que no nos representa, y de aquí la necesidad de atender a los llamados de las organizaciones universitarias que nos invitan a crear un frente amplio para defender los principios de una universidad democrática, crítica y popular, el summum de un ideario sobre lo que es y debe ser la universidad pública, laica, gratuita, incluyente y, sobre todo, autónoma.

Guadalupe Grajales es licenciada en Filosofía por la UAP con Maestría en Filosofía (UNAM) y Maestría en Ciencias del Lenguaje (UAP). Candidata a doctora en Filosofía (UNAM). Ha sido coordinadora del Colegio de Filosofía y el posgrado en Ciencias del Lenguaje (BUAP), donde se desempeña como docente. Es la primera mujer en asumir la Secretaría General de la BUAP.

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Guadalupe Grajales
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 30 de mayo de 2023.

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