La Unidad de Inteligencia Financiera impugnó la petición de la FGR de cerrar el caso de José Luis Vargas, denunciado de enriquecimiento ilícito.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impugnó la resolución de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República (FGR), con la que se propuso exonerar al magistrado José Luis Vargas del delito de enriquecimiento ilícito.
En una tarjeta informativa, la UIF informó además que también fue presentada una nueva denuncia en contra de seis personas —2 físicas y 4 morales— vinculadas al magistrado Vargas, actual presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
Según se detalló, la denuncia fue presentada porque, de acuerdo con en análisis realizado por la UIF, se encontró que Vargas, un familiar y personas físicas y morales presuntamente “operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria”.
“Asimismo, se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada, para posteriormente dejarse sin funcionalidad”, informó la UIF.
Este lunes, Reforma reportó que la FGR exoneró al magistrado Vargas del delito de enriquecimiento ilícito por el que fue denunciado por la UIF en 2020.
De acuerdo con el diario, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cerró la respectiva carpeta de investigación desde el pasado 15 de junio.
En febrero de 2020, la UIF denunció al magistrado debido a que se identificó que entre 2013 y 2017, Vargas cuadriplicó sus ingresos, además de que recibió depósitos en efectivo, aportaciones de gobiernos estatales e hizo manejos millonarios en tarjetas de crédito.
Sin embargo, el pasado 15 de junio la Fiscalía estimó que a 16 meses de iniciada la indagatoria, no había evidencias de delito de enriquecimiento ilícito por lo que se propuso la determinación de ejercicio de la No Acción Penal contra el magistrado.
Al respecto, la UIF precisó este lunes que el pasado 18 de junio del año, a través del personal de la Dirección General de Procedimientos Legales, fue consultada la propuesta hecha por el Ministerio Público, y “por tal motivo, y conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Unidad (UIF), impugnó la determinación ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la CDMX».
Ante estas acusaciones, el magistrado Vargas ha asegurado que el origen de su patrimonio y el de su familia “es perfectamente lícito y está plenamente acreditado”, en sus declaraciones patrimoniales presentadas ante la autoridad competente.
Vargas fue designado magistrado del TEPJF a finales de 2016 y, recientemente, el pasado 3 de noviembre, fue elegido por sus compañeros como nueva cabeza de la institución. La elección se dio en una votación dividida para que Vargas ocupara el cargo que ocupaba Felipe Fuentes.
El presidente del Tribunal Electoral niega ante la FGR enriquecimiento ilícito
A lo largo de su trayectoria pública y desde que llegó al TEPJF, Vargas ha sido motivo de polémica, tanto por sus proyectos de resolución como por sus bienes.
En 2018, propuso anular la elección de gobernador en Puebla, aunque al final su propuesta fue rechazada y la panista Martha Erika Alonso asumió el cargo de gobernadora a mediados de diciembre de ese año. Días después, murió tras el desplome del helicóptero en el que viajaba junto con su esposo, el exgobernador y senador Rafael Moreno Valle, y con otras personas.
Vargas también fue el magistrado que inicialmente planteó al TEPJF negar el registro como partido a la organización México Libre, propuesta que obtuvo el respaldo de los demás magistrados de la Sala Superior.
La Fiscalía General de la República (FGR) exoneró al Magistrado José Luis Vargas del delito de enriquecimiento ilícito por el que fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que fue responsable de la investigación contra el «magistrado billetes», cerró la respectiva carpeta desde el pasado 15 de junio.
En su denuncia de febrero del año pasado, la UIF señaló un presunto enriquecimiento ilícito de Vargas por 36.5 millones de pesos entre 2013 y 2019.
Conforme la denuncia, en ese periodo Vargas tuvo gastos comprobables por ese monto en tres conceptos: pagos con una tarjeta de crédito, pago de colegiaturas y compra de bienes inmuebles.
Sin embargo, la Fiscalía estimó, a 16 meses de iniciada la indagatoria, que no había evidencias de delito.
De acuerdo con fuentes vinculadas a la indagatoria, la Fiscalía dio por acreditada la licitud de los bienes y operaciones investigadas.
Vargas alegó ante las autoridades ministeriales que bienes denunciados como suyos en realidad son de su esposa Mónica Bauer Mengelberg, directiva de PepsiCo.
Sin embargo, el grueso del monto corresponde a los pagos con una tarjeta American Express a su nombre por 29.7 millones de pesos, mientras que sólo declaró ingresos al Servicio de Administración Tributaria por 16.7 millones de pesos en el mismo periodo.
Desde noviembre pasado, la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos, dio indicios de la decisión que tomó respecto a Vargas, que como presidente del TEPJF ha tomado decisiones favorables a Morena, partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Fiscal indicó en ese entonces que la UIF no había presentado pruebas para sustentar la acusación y que ella giró apercibimientos a distintas dependencias de gobierno que por la contingencia sanitaria no habían respondido a sus requerimientos.
Vargas, en tanto, señaló que las imputaciones confundían su evolución patrimonial de 2012 a 2016, cuando no desempeñó un cargo público, con sus ingresos desde noviembre de 2016, en que ocupa el cargo de Magistrado del Tribunal Electoral.
Si bien la UIF podría impugnar la resolución, hasta el momento no se tiene noticia de que lo haya hecho.
Al menos públicamente no se conocen casos donde la unidad hacendaria consiguiera en calidad de víctima u ofendida revocar la decisión sobre una investigación relevante.
Reforma
Abel Barajas
Ciudad de México
Lunes 19 de julio 2021.
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