Opinión

Isabel Miranda, investigada por orden judicial

Ricardo Raphael

Ricardo Raphael

El viernes se llevó a cabo la audiencia donde se valoraron las pruebas en contra de Isabel Miranda Torres a propósito de su participación en la fabricación de pruebas para acusar a los supuestos secuestradores de su hijo Hugo Alberto León Miranda.

El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) había presentado antes pruebas ante la Fiscalía General de la República sobre una serie de elementos que llevarían a pensar que Isabel Miranda participó en una conspiración deliberada para acusar a gente inocente del secuestro, desaparición y supuesto descuartizamiento de su hijo.

Entre las pruebas presentadas por la defensoría de oficio destacan el sembrado de una gota de sangre en el departamento donde supuestamente ocurrió la muerte de su hijo.

Hay elementos que propician dudas razonables sobre esta evidencia. El primero tiene que ver con que, durante el cateo celebrado por la entonces Procuraduría General de la República, el viernes 15 de julio de 2005, no fue encontrada la sangre y, sin embargo, siete meses después, una segunda inspección pericial halló tal evidencia.

La pregunta es obvia: ¿por qué esa gota de sangre no apareció en julio de 2005 y sin embargo sí fue hallada siete meses después en el departamento 4 de Perugino 6, en la colonia Insurgentes Mixcoac?

La respuesta es parte del litigio que el día viernes tuvo lugar en la audiencia judicial. La clave del asunto la aporta el sujeto que rentó el departamento referido entre el primero y el segundo cateo. Se trata de Osvaldo de Alba, quien según consta en el expediente, arrendó dicho inmueble en las fechas referidas.

¿Quién es Osvaldo de Alba? Se trata de un empleado de Isabel Miranda que recibió un pago de su empresa, Showposter, en el mismo mes en que firmó el contrato de renta sobre el inmueble señalado.

¿Por qué un empleado de Isabel Miranda arrendó el departamento donde su hijo supuestamente perdió la vida en los meses posteriores al presunto deceso?

Corroboran el hecho de que Osvaldo de Alba haya sido empleado de Isabel Miranda dos pruebas aportadas por el IMSS, donde se confirma que este sujeto habría trabajado para ella en las empresas Showposter y el Colegio Aztlán.

Esto querría decir que Isabel Miranda, mediante un empleado suyo, rentó el departamento 4 de Perugino 6 durante los meses posteriores a la supuesta desaparición de su hijo Hugo Alberto.

Se suma a esta irregularidad que el verdadero padre del hijo desaparecido, Carlos León Miranda, habría donado sangre para corroborar esta precisa pieza de evidencia y también que esa prueba haya presuntamente sido truqueada para que la PGR la registrara como perteneciente a José Enrique del Socorro Wallace Díaz.

En otras palabras, la prueba de sangre de Carlos León Miranda, verdadero padre de Hugo Alberto León Miranda, también habría sido manipulada para engañar a la autoridad judicial.

Estos dos elementos llevaron al IFDP, encabezado por Netzaí Sandoval Ballesteros, a presentar una denuncia ante la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero.

Tal denuncia, a pesar de la evidencia contundente, fue de inmediato desechada.

El Ministerio Público decidió que no era material probatorio suficiente para argumentar fabricación de pruebas. Peor aún, en su argumentación para menospreciar la denuncia, el fiscal adivirtió que se estaba victimizando a la víctima, es decir, a la señora Miranda Torres.

Ante la cerrazón de la Fiscalía de Gertz, el IFDP solicitó a la autoridad judicial que revisara el caso.

En consecuencia, el viernes se celebró una audiencia ante un juez de control quien revisó con rigor la evidencia presentada por el defensor de oficio. Concretamente las declaraciones de Carlos León respecto a la falsedad de su firma, y también la participación de Osvaldo de Alba, empleado de Isabel Miranda, en el sembrado de la gota de sangre.

Después de valorar las pruebas el juez de control contravino la decisión de la FGR de proteger a Isabel Miranda y ordenó al órgano federal encargado de procurar justicia que investigara a fondo los hechos relatados en la denuncia.

Ayer, por primera vez, Isabel Miranda fue acusada como victimaria de un delito. Mientras el Ministerio Público no tuvo elementos para defenderla, ella careció de pruebas que la apartaran de la orden judicial.

Esta decisión no es una sentencia en contra de Isabel Miranda por fabricación de pruebas. Sin embargo, es una orden a la FGR para que investigue la evidencia presentada en su contra. En otras palabras, es un regaño duro contra el Ministerio Público por haber desechado en un primer momento las pruebas presentadas por el defensor de oficio.

Ayer viernes el juez reclamó explícitamente al fiscal por no investigar lo que era su obligación investigar.

Argumentó que, en vez de desechar, Gertz debió llamar a declarar a Osvaldo de Alba, a Carlos León y al resto de las personas involucradas en la presunta fabricación.

Cabe que, de nuevo, la FGR se ponga necia y deseche las causas enderezadas contra Isabel Miranda. Podría ser que, otra vez, renuncie a la orden de aprehensión en contra de la imputada.

Pero a partir de ayer algo cambió para siempre en el curso de acción que ha seguido este caso: Isabel Miranda fue señalada por un juez de fabricar presuntamente pruebas en el caso que involucra la desaparición de su hijo.

La evidencia valorada por el juzgador fue solvente para inculparla. Destaca que un juez de distrito, Juan José Hernández Leyva, haya tenido los arrestos para enfrentar a un personaje, Isabel Miranda, que ha sido todo poderoso en nuestro país.

Ella cuenta todavía con apoyo en la FGR de Gertz, pero llegó por fin el día en que, además de hacer política, los fiscales de la nación estarían obligados a procurar justicia.

@ricardomraphael

Milenio
Ricardo Raphael
Ciudad de México
Domingo 5 de septiembre de 2021.

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