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En Coyomeapan, una emboscada planeada desde el poder

En Coyomeapan, una emboscada planeada desde el poder. (Alcance Diario)

Sobrevivientes de una emboscada que sufrieron 16 indígenas nahuas señalan a policías estatales y guardias blancas de los hermanos Araceli y David Celestino Rosas

Indígenas nahuas del municipio de Coyomeapan se encuentran de luto tras una emboscada a 16 de sus compañeros, en donde tres de ellos fallecieron. Víctimas sobrevivientes sostienen que detrás de ese ataque se encontrarían policías estatales y guardias blancas de los hermanos Celestino Rosas.

La activista Claudia Martínez dice que pudo ser una matanza de las dimensiones de la de Aguas Blancas. El semanario Proceso presenta a través de un reportaje de Gabriela Hernández los detalles de la situación que se vive en uno de los municipios más marginados del estado de Puebla.

La tarde del lunes 9, 16 integrantes del movimiento indígena Unidad por Coyomeapan fueron emboscados. Un grupo de 40 policías estatales, entre los cuales había incluso guardias blancas presuntamente contratados por los hermanos Araceli y David Celestino Rosas, militantes de la 4T, los balearon.

Tres indígenas nahuas murieron, entre ellos un menor, y ocho más resultaron heridos en ese ataque ocurrido en el paraje de Cobatzalco, en los límites entre Zoquitlán y Coyomeapan, en la Sierra Negra, una de las regiones más marginadas de Puebla.

«Fue una ejecución extrajudicial, no un enfrentamiento» como lo ha divulgado el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, afirma uno de los testigos. » ¿Cómo un enfrentamiento? Si nosotros apenas traíamos un machete», recalca.

Al albañil Marcelo Carrera Reyes, de 45 años, lo mataron de un balazo en el pecho; el campesino Teófilo Barrera Herrera, de 24, recibió en el abdomen un disparo a quemarropa; Omar Herrera Raymundo, de I5 murió desangrado en un hospital de Tehuacán luego de que le «florearon» el muslo de un tiro y todavía después le abrieron de un navajazo la zona inguinal.

Los sobrevivientes afirman que se trató de un operativo planeado en el que policías estatales y guardias blancas -todos uniformados y encapuchados- llevaban la orden de matar a los integrantes de la resistencia social que durante casi un año han mantenido pobladores de Coyomeapan contra los hermanos Celestino Rosas, aliados políticos y protegidos del gobierno de Barbosa Huerta.

Están seguros, dicen, de que los principales ejecutores eran «guaruras» de los Celestino. El primer ataque lo dirigieron contra el profesor Lauro Gil Argüelles, presidente del Comité de Unidad por Coyomeapan y preguntaban por Beto, un líder indígena del movimiento que no iba en ese grupo.

«A muchos nos gritaban por nuestros nombres; no hay forma de que los estatales los supieran», refiere uno de los entrevistados.

Para Claudia Martínez, dirigente del Colectivo Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, lo ocurrido en Cobatzalco iba a ser una matanza de las dimensiones de Aguas Blancas, Guerrero, ocurrida en 1995, pero el operativo se les salió de control a los granaderos cuando varios indígenas corrieron hacia el monte.

Desde los comicios del 6 de junio de 2021, pobladores de Coyomeapan han impedido que el edil Rodolfo García, esposo de la diputada federal petista Araceli Celestino, ingrese a la cabecera municipal. Los lugareños acusan a los hermanos Celestino de fraude electoral y de querer perpetuarse como caciques de esa localidad que han gobernado desde 2011. Primero por el PRI, luego por el PAN y ahora por el PT.

La emboscada

Poco después de las cinco de la tarde los integrantes de Unidad por Coyomeapan viajaban en una pick up roja: tres de ellos en la cabina y 13 más en la batea. Regresaban de una reunión sobre la organización de la fiesta patronal en la comunidad de Tequitlali, en el mismo municipio. Les faltaban unos 25 minutos para llegar a la cabecera municipal.

«Veníamos por la Y griega, donde se divide el camino entre Zoquitlán y Coyomeapan, cuando nos cerraron el paso dos patrullas de la policía estatal. No nos dijeron “deténganse” ni nada, sólo empezaron a disparar», relata el sobreviviente Víctor, de 17 años.

Cinco estatales encapuchados, quienes estaban escondidos detrás de una capilla de la Virgen de Juquila, salieron y rodearon el vehículo.

Por la ventana del copiloto, relata Víctor, uno de los uniformados metió el arma a la cabina, la puso en el abdomen del profesor Lauro Gil Argüelles y le disparó en dos ocasiones, al tiempo que le gritó: «Ya te cargó la chingada».

El chofer cuenta que, casi a la par, por su ventanilla, un policía le puso un rifle R15 en la cabeza y lo accionó, pero de manera milagrosa el cartucho no detonó y al momento que le abrió la puerta para intentar bajarlo, él reaccionó y metió reversa.

Atrás había otras dos patrullas que le cerraron el paso, por lo que de nuevo aceleró hacia adelante. Trepó la camioneta a una rampa que estaba un costado del camino, cuenta Emiliano, otro de los sobrevivientes:

«Le tiraron entonces a las llantas y ahí no pudo salir la camioneta. Hubo algunos que en ese momento pudieron brincar y corrieron para la maleza; otros no pudimos porque estábamos heridos. A mí me dieron en la costilla derecha.

«Omar iba al lado mío. Primero le detonaron en la pierna y, cuando lo bajaron, quiso huir, por lo que le rasgaron el muslo de la misma pierna con un cuchillo.»

A Teófilo Barrera Herrera, un joven con discapacidad visual, lo ejecutaron abajo de la camioneta. Al darse cuenta de que no estaba herido, un uniformado le puso la R-15 en el abdomen y le disparó, dice Víctor. Y agrega: «El difunto Marcelo quedó aún en la batea de un disparo en el pecho», dice; al maestro rural Marco Antonio Solís le despedazaron la mandíbula, a otro poblador le destrozaron los testículos.

A los heridos, continúa Víctor, los obligaron a bajarse del vehículo y tirarse al suelo mientras les gritaban y golpeaban; les quitaron teléfonos celulares, dinero, identificaciones y pertenencias. «Recen, porque aquí se van a morir… Así estuvimos como entre 20 y 25 minutos», relata.

Una ambulancia llegó junto con dos patrullas municipales de Zoquitlán, cuenta otro, pero sólo se mantuvieron expectantes por unos minutos, sin atender a los heridos. «Yo creo que iban preparados por si llevábamos armas y alguno de ellos salía herido», agrega.

Los agentes estatales persiguieron a los que escaparon hacia la maleza. Los encapuchados les gritaban por su nombre sin dejar de dispararles, cuenta Luis. Los granaderos comenzaron a discutir entre sí; algunos estaban nerviosos porque no capturaban al resto. «Vámonos, vámonos, ya vienen los de Coyomeapan», decían, según el testimonio de varios de los sobrevivientes.

Oyeron que algunos granaderos decían: «Veníamos a detenerlos, no a matarlos». Uno de los sobrevivientes dice a Proceso que el plan era dejarlos muertos a todos en ese paraje.

Cuando les ganó el nerviosismo se subieron a las camionetas y se fueron. Dejaron la patrulla 1790, pero antes, según uno de los sobrevivientes, ellos mismos le dispararon al vehículo, cerca de una de sus puertas.

Fue hasta que los pobladores llegaron al paraje cuando los ocho heridos fueron llevados a recibir atención médica. El adolescente Omar, aún con vida, fue trasladado a Coyomeapan y luego al hospital de Coxcatlán, pero los médicos se negaron a atenderlo, por lo cual fue trasladado a Tehuacán donde murió desangrado, refiere Amador Montalvo, del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos.

El activista, quien acompañó a los familiares como intérprete del náhuatl, dice que tuvieron que esperar dos días para que les entregaran el cuerpo. «Escuchamos que había indicaciones de mandarlo a la fosa común», recuerda.

La madrugada del jueves 12 les entregaron el cadáver, pero se percataron de que el certificado expedido por el médico legista del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General de Puebla, Alejandro Javier Malpica Uribe, omite dar cuenta de la herida de bala que le destrozó la pierna.

Al rastrear, los pobladores encontraron en el monte una mochila que traía el uniforme de un policía estatal, así como una libreta en donde está un croquis que ubica, con coordenadas, la región de la emboscada.

En el cuaderno hay nombres, placas y series de carros que corresponden al municipio de Vicente Guerrero, por lo que asumen que los policías que actuaron en el operativo procedían de ese lugar, ubicado a más de una hora de Coyomeapan.

Los hechos, denuncian los defensores, se registraron en un camino de terracería donde rara vez llega a pasar una patrulla, menos un convoy de seis, como ocurrió ese día, que iba apoyado de una ambulancia que se retiró sin ayudar a los heridos.

La versión oficial, una falacia

El martes 10, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, sostuvo que los hechos derivaron de la denuncia de un poblador sobre la presencia de una camioneta tripulada por hombres armados.

El parte de la comandancia de Ajalpan, añadió, reportaba que el convoy de cinco patrullas y 20 policías “repelió» la agresión del presunto grupo.

Cruz Luna informó que los policías «controlaron» a nueve personas a las que les decomisaron tres armas, pero tuvieron que huir porque fueron atacados desde el monte. No reportó pobladores muertos ni bajas o heridos entre los agentes.

Ese mismo día, en Tehuacán, la diputada Araceli Celestino acusó que los «caídos» eran parte de una organización delincuencial «peligrosa» que tenía denuncias y carpetas de investigación en su contra y que estaban «armados hasta los dientes».

Tres días después de la emboscada, Barbosa Huerta admitió la muerte de los tres indígenas nahuas y aceptó que había ingobernabilidad en esa localidad.

El miércoles 25 Barbosa informó que la Fiscalía General del Estado puso a disposición de un juez a nueve policías estatales como presuntos responsables, aunque no dio explicación sobre los motivos del ataque a civiles desarmados. Los sobrevivientes señalan que hasta ahora la fiscalía ni siquiera ha tomado su declaración.

No obstante, el gobernador morenista ofreció que se harán todas las diligencias para esclarecer lo ocurrido «de manera plena, sin encubrimientos, sin protecciones a nadie».

Barbosa ya ha acusado a Unidad por Coyomeapan de ser un grupo violento. Incluso lo acusó de haber quemado la presidencia y algunas patrullas, aunque los lugareños demostraron que eso nunca ocurrió. También los tilda de «antorchistas» -en alusión a la organización Antorcha Campesina- y de usar armas.

Hasta agosto de 2021 el gobierno tenía una mesa de diálogo sobre el conflicto postelectoral, pero las pláticas se rompieron el 1 de septiembre cuando, al salir de una reunión con funcionarios estatales, fueron detenidos Basilisa Montaño, Eruviel Aguilar, Anastacio González y Gonzalo Martínez. Además se supo que había otras órdenes de aprehensión contra 32 pobladores.

La activista Claudia Martínez revela que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al gobierno de México un reporte sobre lo ocurrido en Coyomeapan.

Barbosa, sostiene Martínez, quiso aplicar la fórmula priista de «muerto el perro, se acabó la rabia» para resolver un conflicto postelectoral y para imponer «a sangre y fuego» al repudiado gobierno de los hermanos Celestino.

La defensora recuerda que en la Sierra Negra hay fuertes intereses económicos, tala de bosques y megaproyectos, como una hidroeléctrica que beneficiaría a la minera Autlán, lo cual ha incidido en la llegada de grupos delincuenciales a esa región y en la imposición de gobiernos autoritarios. En esa misma zona, desde el 23 de agosto de 2018 desapareció el defensor del río Coyolapa, Sergio Rivera.

Martínez menciona que los defensores de Coyomeapan habían denunciado intentos de represión. Incluso atraparon a un sicario que confesó haber sido contratado por los Celestino para matar a dirigentes de la resistencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió entonces a Barbosa que brindara medidas cautelares para los habitantes.

La diputada federal de Morena Inés Parra señala que parte de la responsabilidad por la emboscada del lunes 9 corresponde al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, por no atender varias denuncias que se le presentaron sobre la crisis que se vive en esa localidad serrana.

Incluso, indica que ella misma entregó en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador una carta en la cual le pidió atender la situación de riesgo de represión que vivían los indígenas «sólo por oponerse a seguir bajo el yugo de un cacicazgo».

«Ahora la 4T está manchada de sangre», reclama.

Lo ocurrido fue un «crimen de lesa humanidad», añade la legisladora, quien pidió que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones e inicie un juicio político contra Miguel Barbosa, por ser el jefe de las fuerzas policiacas estatales.

Mientras, los integrantes de Unidad por Coyorneapan advierten que su lucha sigue y que buscarán establecer un gobierno autónomo, libre de políticos y partidos.

Proceso
Ciudad de Puebla
Gabriela Hernández
Sábado 28 de mayo de 2022.

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