Feministas tomaron las instalaciones del Congreso de Puebla y de la estación de radio de la BUAP para exigir que se aprueben leyes en favor de las mujeres.


Integrantes de colectivos feministas tomaron esta tarde las instalaciones del Congreso local y la estación de radio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), para exigir que se aprueben leyes y se concreten acciones en favor de las mujeres, entre ellas la legalización del aborto.

En su mayoría universitarias, las mujeres advirtieron que mantendrán la ocupación pacífica del edificio legislativo hasta que se concreten acuerdos dentro de una mesa de negociación en la que participen el gobernador, Miguel Barbosa Huerta; el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz; el presidente del Congreso local, Gabriel Biestro, y la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco.

“Informamos a la sociedad poblana que mujeres principalmente universitarias estamos realizando en este momento la toma de radio BUAP y el Congreso del estado, hartas de que los personajes más poderosos de la política local, llámese gobernador o presidente del Congreso, estén más entretenidos en persecuciones a la universidad, cabildeo con los sectores más retrógradas y anti-mujeres de la sociedad poblana, con tal de amarrar votos para las próximas elecciones.

“En campaña prometieron estar del lado de las mujeres, ganaron con el voto de cientos de miles de personas a favor del derecho a decidir, y ahora nos dicen que ‘ellos gobiernan para todos los sectores’ y que estamos condenadas a la muerte y a la esclavitud reproductiva”.

La víspera de que se celebre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, las feministas recordaron que desde hace un año entregaron iniciativas de ley al Congreso local, entra las que figura la interrupción legal del embarazo, que consideran una necesidad urgente, sin que a la fecha se hayan aprobado.

Tras hora y media, las manifestantes se retiraron de la estación de radio, pero convocaron a todos los colectivos a concentrarse en la toma del Congreso local, donde pidieron llevar comida y cobijas para mantenerse “por el tiempo que sea necesario”.

“Asimismo, manifestamos que por única exclusión y con el único fin de evidenciar que de ningún modo nos escuchan, no dañaremos el mobiliario del Congreso ni la radio, y la toma será en resistencia civil pacífica”, aclararon.

Entre las demandas planteadas en el pliego petitorio destaca la realización de una “fuerte campaña de sensibilización” y “concientización” sobre la violencia de género, derechos sexuales y reproductivos y contra la criminalización del movimiento de mujeres.

“Si el gobierno federal está haciendo una campaña de sensibilización sobre la comida chatarra, es aún más urgente una campaña entre las mujeres y hombres de Puebla para atajar la violencia de género”, advirtieron.

De igual manera, demandan una discusión pública de los alcances de la alerta de género y se acepten las propuestas de las universidades, además de integrar la voz de intelectuales “verdaderamente comprometidas” para renovar instituciones como el Instituto Poblano de las Mujeres y el Centro de Estudios de Género de la BUAP.

También, que se expidan nuevas actas de nacimiento en las que se indique primero y segundo apellido, eliminando “apellido paterno y materno”; se duplique el presupuesto a la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer; se agregue el género “no binario”; que se reconozca legalmente a mujeres y hombres trans; y se configure como delito la incitación al odio o la violencia contra las mujeres.

Las mujeres reclaman, asimismo, una reforma a la Ley de Educación del estado para que se impartan las materias de género y diferenciación de género, prevención de la violencia de género, caracterización del patriarcado y sus efectos nocivos en la sociedad.

Que se impida ocupar un cargo público a personas que hayan ejercido violencia de género; emitir una ley en la que quede prohibida la diferenciación de salarios entre hombres y mujeres; penalizar la discriminación étnica o de género; castigar esterilizaciones a mujeres indígenas y pobres, y que se duplique el presupuesto de instancias que acompañan a mujeres víctimas de violencia.

Que se apruebe una ley para una paternidad-maternidad responsable y, además, se penalice con mayor severidad a los padres que abandonan a sus hijos; se nombre una comisión inter universitaria para revisar los casos de violencia de género y apoyo a las mujeres víctimas, y una intervención interdisciplinaria para atajar brotes de violencia que se han vivido durante la pandemia.

“Exigimos la resolución de estas demandas, compromisos firmados y acciones reales para poder abandonar la toma de las instalaciones. Nos han quitado todo, sus amenazas y golpes no nos van a mover. No aceptaremos largas”, recalca el pliego entregado este día.

Ibero: 4 mil desaparecidas en cinco años

En un pronunciamiento, el Observatorio de Violencia de Género de la Universidad Iberoamericana de Puebla exigió incluir evaluaciones externas en torno al cumplimiento, por parte del gobierno estatal, de la Alerta por Violencia de Género (AVG) emitida en la entidad en abril de 2019.

Al indicar que en los últimos cinco años se documentó la desaparición de 4 mil mujeres en la entidad, y en lo que va de 2020 se han contabilizado 57 feminicidios, Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, dijo que es evidente que la AVG no ha dado resultados para abatir la violencia contra las mujeres en Puebla.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 24 de noviembre de 2020.


•    Pondrán por dedazo a consejo de CDH tras elección fallida

•    Las cinco personas del consejo serán electas por un acuerdo político


El Congreso de Puebla elegirá por acuerdo al consejo consultivo de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), luego de anularse el primer intento por errores y omisiones de los diputados.

A pesar de la primera elección fallida, este lunes se aprobó otra convocatoria con nuevos señalamientos de ilegalidades.

Por mayoría de cuatro votos se impuso en la Comisión de Derechos Humanos del poder Legislativo una convocatoria que ni siquiera contenía las fechas de cada etapa.

Hasta después de la votación el área jurídica se percató de la omisión y sugirió agregar las fechas, pero se optó por incorporarlas después, así que ya no se especificó cada una.

Por ende, se desconoce la fecha en que se recibirán documentos de los aspirantes, el periodo de comparecencias y la elección del consejo para el periodo 2020-2022.

En contra votaron la priísta Rocío García Olmedo y Carlos Morales Álvarez (de MC), mientras que se abstuvo la propia presidenta de la comisión, Estefanía Rodríguez Sandoval (de Morena), quien sentenció que la convocatoria era violatoria de la ley.

El 11 de septiembre se anuló la primera elección del concejo tras exhibirse incumplimiento de plazos legales; opacidad en la evaluación de aspirantes; incumplimiento de la paridad de género; elección de funcionarios y personas que no cubrían los requisitos de ley, entre ellos Jesús Muñoz Castellanos, que 2017 agredió a una comunicadora.

Se impone el dedazo

Este día la mayoría impuso que las cinco personas del consejo no sean electas por la comisión, sino por acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), encabezada por Gabriel Biestro Medinilla, coordinador de la bancada de Morena.

Los legisladores que votaron en contra advirtieron que esto va en contra del procedimiento que marcan la Constitución Política del estado y la ley de la CDH, así que podrían haber amparos o más juicios contra el Congreso, pero fueron ignorados.

La medida se incorporó a la convocatoria con el voto de Nora Merino Escamilla (PES), Tonantzin Fernández Díaz (Morena), María del Carmen Cabrera Camacho (PT) y María del Carmen Saavedra Fernández (sin partido).

El artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos especifica que la comisión legislativa se encargará de elegir el concejo y enviará su veredicto a la Jugocopo para que lo ratifique, no que esta realice la selección.

Luego de ratificar la elección de la comisión, la Jugocopo debe enviarla al pleno para que se vote por los 41 diputados, pues se requiere el aval de dos tercios para consumar la elección.

“La Comisión General de Derechos Humanos convocará con un mes de anticipación a la conclusión del cargo del miembro que corresponda y a través de los medios de comunicación electrónicos y al menos en dos medios impresos de mayor circulación en el Estado, a todas aquellas personas que estén interesadas y reúnan los requisitos mencionados en el presente artículo a efecto de que se inscriban ante ella y participen en la selección que hará la propia Comisión”, especifica el artículo 10.

Y agrega: “la Comisión General contará con un plazo de quince días para emitir dictamen y presentarlo a la Gran Comisión para su aprobación y presentación al Pleno del Congreso”.

e-consulta
Héctor Llorame
Puebla, México
Lunes 19 de octubre 2020.

 

  • El diputado por el PAN se promueve a sí mismo, más que a sus iniciativas.

 

  • Congreso: Impunidad a los esbirros; persecución y hostilidad a los críticos.

 

Con aires de propaganda electoral el diputado expanista Marcelo García Almaguer lanzó spots de radio para promover su segundo informe de labores en el Congreso de Puebla.

El morenovallista sobreviviente produjo cuatro promocionales donde habla de su personalidad, sus “valores” y las gestiones que ha entregado de cara a las elecciones de 2021.

El legislador sin partido no habla de alguna iniciativa o reforma en haya promovido, pero sí promete que con el apoyo de la ciudadanía puede “lograr mucho más” por la ciudad y hasta “regresar la tranquilidad a los poblanos”.

“Hemos recorrido más de cien colonias para instalar alarmas vecinales. Hoy son más de 350 familias conectadas al C5, que caminan con mayor tranquilidad por las calles. Juntos podremos salir adelante y lograr mucho más. Regresemos la tranquilidad a los poblanos, ¡de que se puede, che puede! Chelo García, informe ciudadano”, menciona uno de los spots.

https://soundcloud.com/user-230879435/chelo-2

Audiberto · Promocional García 2

Presume honradez y valores

En otro mensaje el extitular de Puebla Comunicaciones en el gobierno de Rafael Moreno Valle se jacta de ser honrado y tener vocación de servicio.

“Mis amigos me dicen Chelo. Como todo poblano, la familia es lo más importante para mí. Vengo de cuatro generaciones de médicos y traigo en la sangre la vocación de servicio. De mi madre, siempre aprendo a dar lo mejor de mí. Desde niño entendí la importancia de ser honrado, como mi padre y mi abuelo. Sé que en Puebla los ciudadanos son los que mandan, y quienes los representamos tenemos la obligación de rendir cuentas. Hemos trabajado para que la tecnología empodere a la gente y su voz sea escuchada. El camino no ha sido fácil, ¡pero de que se puede, che puede! Chelo García, informe ciudadano”, señala el audio.

https://soundcloud.com/user-230879435/promocional-garcia-1

Audiberto · Promocional García 1

En otro promocional presume que por la pandemia de Covid-19 ha promovido la entrega de un ingreso básico universal para las personas más necesitadas.

“Sé que la pandemia afecta los bolsillos de miles en Puebla; trabajamos para que en nuestro estado se otorgue una cantidad de dinero mensual a poblanas y poblanos, especialmente a quienes más lo necesitan. Salir adelante ¡de que se puede, che puede! Chelo García, informe ciudadano”, expresa el tercer espot.

https://soundcloud.com/user-230879435/promocional-garcia-4

Audiberto · Promocional García 4

Dice que apoyó a médicos

En el último alude al apoyo que supuestamente ha dado al personal médico que enfrenta la pandemia de Covid-19.

“Recorrimos los hospitales y centros de salud de la capital, todos y cada uno de ellos. Ahí escuché a los profesionales de la salud y entregué más de 2 mil 500 caretas protectoras para hacer frente a esta emergencia sanitaria. Además, desde el Congreso exigí condiciones más dignas para estos héroes sin capa. ¡De que se puede, che puede! Chelo García, informe ciudadano”, reza el mensaje.

https://soundcloud.com/user-230879435

Audiberto · Promocional García 3

De acuerdo con los propios diputados, el Congreso del estado aún no entrega los recursos públicos que por ley les corresponden para poder rendir su informe legislativo, así que todavía se desconoce el monto que les será autorizado.

Sin embargo, el año pasado cada uno de los 41 diputados recibió 170 mil pesos, así que por todo el poder Legislativo se gastaron 7 millones de pesos únicamente para los informes.

e-consulta
Héctor Llorame
Miércoles 2 de septiembre 2020.


•    El Congreso de Puebla herido de muerte desde la administración de Moreno Valle; ahora con Barbosa, se debate entre la vacuidad y el oportunismo.

•    Una dirección en el Congreso cuasi analfabeta y con bastante apego a lo material y al erario

Los diputados locales de Morena buscan echar abajo el fallo del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), que ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido reponer el proceso de expulsión en su contra.

Los legisladores poblanos interpusieron un juicio sobre derechos ciudadanos político-electorales ante la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los firmantes del recurso son encabezados por Gabriel Biestro Medinilla, líder del Congreso local y de la bancada de Morena en Puebla.

El procedimiento de expulsión de 13 diputados fue solicitado por el dirigente estatal de El Barzón, Gerardo López Ramírez, quien los acusa de haber aprobado reformas legislativas que van en contra de los postulados y documentos básicos de Morena.

Una de las reformas que menciona López Ramírez en su demanda es la modificación al Código Civil del estado con la que se cierra el paso al matrimonio igualitario, y la otra se refiere al Código Penal donde se mantiene la penalidad de cárcel hacia las mujeres que recurren al aborto.

El dirigente barzonista asegura que los diputados poblanos deben ser expulsados de Morena porque han contravenido los principios que enarbola la 4T al aprobar el reemplacamiento obligatorio para automovilistas en Puebla y, en contraparte, incrementarse en 47% los apoyos legislativos que cada uno recibe.

La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena desechó la demanda de expulsión interpuesta desde el 24 de enero de este año, pero el barzonista recurrió al TEEP, que el 21 de julio resolvió que el órgano partidista tiene que reponer el procedimiento, argumentando si procede o no la expulsión de los legisladores con base en lo que señalan los estatutos del partido.

Proceso
Puebla, México
Gabriela Hernández
Miércoles 5 de agosto de 2020.


En la administración de Barbosa, la fiscalización es una herramienta para amedrentar y perseguir, no un mecanismo de control financiero


El Congreso de Puebla es uno de los 30 del país que han evitado vigilar de cerca el gasto de los gobiernos estatales para combatir la pandemia de Covid-19, advirtió la organización civil Transparencia Mexicana.

En su evaluación sobre el seguimiento de la contingencia, señaló que la legislatura poblana carece de un órgano, comisión especial o comité que analice e investigue las licitaciones, compras y contratos que ha realizado la administración de Miguel Barbosa Huerta durante la contingencia.

La asociación lamentó que, a 100 días de la declaratoria de emergencia sanitaria en todo el país, casi todos los congresos locales y el de la Unión han evitado exigir cuentas al poder Ejecutivo federal y los estatales.

Si bien reconoció que por la contingencia han comparecido funcionarios federales y estatales ante diputados, puntualizó que los congresos “no han aprovechado las herramientas que la propia Constitución les asigna” para ejercer una vigilancia profunda y vinculante.

Esto al recordar que los senadores, diputados federales y locales “tienen el mandato constitucional de vigilar y fiscalizar las acciones de los poderes ejecutivos del país”.

“La Cámara de Diputados a nivel federal y los Congresos locales a nivel estatal tienen la obligación de asegurar que los recursos públicos destinados a la crisis sanitaria y económica se utilicen exclusivamente para esos fines”, enfatizó la agrupación.

Ante el poco interés de los diputados por la transparencia en el gasto de recursos, la organización recordó que la figura de comisiones especiales puede ser una herramienta para vigilar la actuación de los gobiernos.

“Las comisiones especiales son órganos colegiados cuya tarea es la de atender, investigar y observar asuntos de interés público. El resultado de la investigación deberá ser del conocimiento del Poder Ejecutivo. Por su naturaleza plural constituyen un espacio para integrar diferentes perspectivas de los partidos políticos que integran el Congreso”, apuntó.

Sólo Sonora y Coahuila vigilan gasto

Transparencia Mexicana exhibió que solamente los congresos de Sonora y Coahuila han conformado comisiones especiales para vigilar el gasto de los gobiernos.

No obstante, refirió que, en el caso de Coahuila, el acuerdo publicado sobre la integración del órgano “no permite entender con precisión su alcance y objetivos específicos”.

Sobre el Congreso de la Unión, apuntó que en la Comisión Permanente hay una propuesta de exhorto para iniciar un proceso de fiscalización especial de los recursos federales, pero hasta el 22 de junio que concluyó la evaluación, no había sido aprobado por el pleno.

Transparencia Mexicana sentenció que mientras los legisladores no ejerzan sus funciones aprovechando las herramientas que la ley les otorga, de poco servirán sus “sendos pronunciamientos y comunicados en redes sociales a favor de la transparencia en el ejercicio de los recursos”.

e-consulta
Héctor Llorame
Lunes 29 de junio de 2020.


Aunque demandó a e-consulta, Gabriel Biestro presume que hay más libertad de prensa que nunca


El presidente del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, advirtió que sigue en pie su reforma para castigar con cárcel las "noticias falsas" durante una contingencia sanitaria, a pesar del rechazo de ONU-DH, pues acusó que en los gobiernos panistas el organismo no protestó y guardó silencio.

Aún con la petición expresa de no aprobar la iniciativa y derogar las penas vigentes contra medios de comunicación, el diputado de Morena descartó este martes hacer caso a las demandas y sólo accedió a corregir su proyecto de ley.

El coordinador de la bancada morenista negó que él y su compañera Nora Merino Escamilla (del PES) pretendan restringir la libertad de los medios de comunicación, como alertó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), por el contrario, presumió que con el nuevo régimen gozan de más libertad que nunca.

Pese a haber demandado a e-consulta por ventilar su presunta alteración de documentos, Biestro Medinilla aseguró que hay libertad para publicar lo que sea sin temor a represalias.

"Ahora, tú mismo lo sabes, tu medio lo sabe: pueden decir cualquier cosa y nadie ha ido a quitarles el medio o a hacerles nada. Ahorita estamos viviendo una libertad de prensa de carácter muy institucional. Todo mundo tiene derecho a defenderse, a recurrir a diversas instancias o instituciones", afirmó en rueda de prensa por internet.

Reclama silencio de ONU con RMV

Tras el rechazo de ONU-DH a su iniciativa, el morenista reclamó que esta y otras organizaciones que ahora lo han criticado, en el gobierno del panista Rafael Moreno Valle no dijeron nada.

"Varias de esas organizaciones que ahora se quejan, no dijeron ni pío cuando Rafael Moreno Valle gobernaba y traía a los medios de comunicación de bajada, y ahora resulta que están muy preocupados por una reforma que lo que busca es salvaguardar la tranquilidad de la sociedad y evitar pánico, evitar estallidos, evitar confusiones. Eso es lo que busca", apuntó.

Aunque sostuvo que no ignorará el oficio enviado la semana pasada por Jesús Peña Palacios, representante en México de ONU-DH, advirtió que no cumplirá con sus demandas y no tiene pensado retirar su propuesta.

Esto con el argumento de que es necesaria una regulación, porque en la contingencia por Covid-19 se ha registrado un exceso de rumores y desinformación en redes sociales y medios de comunicación, que ponen en riesgo a la ciudadanía.

"En esta época vimos muchas cuestiones para atemorizar a la sociedad, la gente ha sido víctima; Estas noticias han generado psicosis y agresiones contra el personal de salud (...) pero se va a hacer lo que la gente opine y yo creo que la gente requiere esto. No lo desestimamos (el oficio de ONU-DH) lo vamos a respetar y estudiar, pero no estamos en la idea de echar abajo la reforma", sentenció.

Descarta derogar penas vigentes

Biestro Medinilla descartó también suprimir las penas de hasta 12 años de cárcel que existen actualmente por la difusión de noticias falsas.

Aunque ONU-DH exigió derogar el artículo 165 del Código Penal del estado, el legislador desechó la petición, aunque no explicó por qué.

Dicho artículo actualmente establece: “se aplicarán prisión de dos a doce años y multa hasta de doscientos días de salario, a quien, haciendo uso de cualquier medio de comunicación, difunda noticias que siendo falsas las haga aparecer como ciertas y produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública, tratar de menoscabar la Autoridad Estatal o Municipal o presionar a cualquiera de ellas para que tome una determinación”.

La pretensión de Biestro Medinilla y Merino Escamilla consistía en agregar un párrafo que dijera: “la misma sanción (de hasta 12 años de cárcel) se aplicará a quien, durante una situación de emergencia sanitaria, epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia, catástrofe que afecten al país o cualquier otra causa de fuerza mayor que afecte al Estado, difunda o transmita información falsa por cualquier medio de comunicación o plataformas digitales, con la que se genere miedo, temor o confusión en la población, o provoque descrédito o contradicción con las acciones o políticas implementadas por el Estado".

e-consulta
Héctor Llorame
Martes 12 de mayo de 2020.


Crean más fiscalías e instituto para subastar bienes incautados


En el Congreso de Puebla se aprobó crear las fiscalías especiales para feminicidios, personas desaparecidas y delitos electorales, así como el Instituto para la Administración de Bienes, que podrá vende o donar bienes incautados al crimen.

Su formación se avaló este jueves en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, por instrucción del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Aunque la diputación  del PRI pidió modificaciones, fueron rechazadas por mayoría y solo se aceptaron cambios de redacción, pues exhibió errores, omisiones y contrariedades en el texto.

Para el nacimiento de las fiscalías, se reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que para el instituto se creó la Ley para la Administración, Enajenación y Destino de Bienes Asegurados.

Tras aprobarse las disposiciones enviadas por el mandatario, se turnarán al pleno para que sean ratificadas en la sesión ordinaria del viernes, que será la última del primer periodo ordinario de sesiones.

En este paquete de reformas no se incluyó la fiscalía especializada para estudiantes que Barbosa Huerta prometió tras la “mega marcha universitaria”, ya que para esta deberá enviar otra iniciativa que aún se encuentra en elaboración.

Las nuevas fiscalías

Para las nuevas fiscalías se modificó el artículo 9 de la Ley Orgánica, así que ahora establecerá:

“La Fiscalía General, para el despacho de asuntos que le competen, estará integrada por: I. La Fiscalía de Investigación Metropolitana; II. La Fiscalía de Investigación Regional; III. La Fiscalía especializada en Derechos Humanos; IV. La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares.

V. La Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión; VI. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; VII. La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales VII. La Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia; y IX. La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género”.

Las fiscalías de Investigación Metropolitana, Investigación Regional, Derechos Humanos y Combate a la corrupción ya existen, mientras que la actual Fiscalía Especializada de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (Fisdai) cambiaría de nombre a Secuestro y Extorsión, en tanto que el resto de las enlistadas serían las de nueva creación.

Venderán bienes incautados

Para la venta de propiedades incautadas se creó el Instituto para la Administración de Bienes del Estado de Puebla, un nuevo organismo público descentralizado (OPD).

La Ley para la Administración de Bienes lo regulará y esta señala que el gobierno podrá licitar o adjudicar los bienes, e incluso donarlos a las víctimas de los delitos que causaron su aseguramiento.

De acuerdo con el artículo 53, el Instituto podrá donar bienes “o el producto de su venta a favor de las personas que hayan sido víctimas de los delitos que hayan causado la extinción de dominio, el decomiso o el abandono de los mismos”.

El OPD además podrá subastar, rematar o vender lo incautado, aunque si lo hace y el propietario gana un juicio en el que pruebe que el bien era lícito, el gobierno tendrá que indemnizarlo por el valor equivalente.

e-consulta
Héctor Llorame
Ciudad de Puebla
Viernes 13 de marzo de 2020.


La empresa Agua de Puebla tendrá que devolver a 189 usuarios lo que pagaron en exceso desde hace cuatro años


El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito declaró que son inconstitucionales las tarifas del servicio de agua potable que en marzo de 2014 aprobó el Congreso de Puebla y que aplica en la capital la concesionaria Agua de Puebla para Todos.

El abogado Gilberto Vladimir Montalvo González dijo que el pasado 13 de febrero el tribunal resolvió a favor de 189 usuarios que promovieron un amparo contra las tarifas y a quienes se les tendrá que devolver lo que pagaron en exceso desde hace cuatro años.

El amparo en revisión 99/2018 resuelve que es inconstitucional el acuerdo tarifario y sus actualizaciones, el cual ampara a 189 quejosos de las colonias México 68 y Santiago, quienes ahora tendrán que pagar el agua con la tarifa anterior de 105 pesos mensuales.

 “Son 105 pesos mensuales. Las tarifas las estableció el Congreso. Nos amparamos en contra de ese acuerdo tarifario y el tribunal finalmente nos amparó, le van a tener que devolver todo el dinero que pagaron los últimos cuatro años y hacer los ajustes”, dijo.

De acuerdo con el abogado Gilberto Vladimir Montalvo esta sentencia solo aplica para los usuarios que ganaron el amparo, pero adelantó que presentarán más juicios para lograr al menos cinco sentencias en el mismo sentido para que haya más ciudadanos beneficiados.

Para el litigante, el hecho de que el Congreso todavía no haya retirado la concesión a la empresa Agua de Puebla o Concesiones Integrales, puede significar que existen intereses entre los legisladores y la operadora del servicio de agua potable y alcantarillado.

 “No sé qué tan involucrado estén los legisladores, pero lo que está diciendo la sentencia es que el aumento en el cobro fue totalmente arbitrario”, dijo a El Sol de Puebla.

La sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, según el abogado, traerá como consecuencia nuevos amparos en contra del aumento, la eventual cancelación de las tarifas abusivas y la salida de Concesiones Integrales.

El Sol de Puebla
Berenice Martínez
Ciudad de Puebla
Lunes 2 de marzo de 2020.


El Congreso de Puebla expulsó de sus instalaciones a la fundadora de la asociación La Voz de los Desaparecidos en Puebla, María Luisa Núñez Baroja, a quien además amenazó con el uso de la fuerza pública, por acusar a los legisladores de Morena, el PT, el PES y el PVEM de ser “agachones”, “levanta dedos” e “indignos de la cuarta transformación”.

“Yo estaba ahí en calidad de víctima y mi reclamo era en calidad de víctima. Claro que es un exceso, claro que es un abuso del poder, porque al final de cuentas si ellos lo consideraron un insulto pues ¡qué pena! No dije más que la verdad y cuando se dice la verdad no es insulto (…) que no les guste escuchar sus verdades es muy diferente”, fustigó la activista en entrevista con La Jornada de Oriente.

Se trató de la primera vez que el Congreso usa un protocolo que aprobó la semana pasada para atender manifestaciones, en el que facultó al director de Atención Ciudadana, Alejandro Hernández López, a solicitar el retiro de los ciudadanos que ingresen al palacio legislativo en caso de no dirigirse a los diputados con “orden” y “respeto”.

Protestó por la designación de Gilberto Higuera

Los hechos se suscitaron la noche del miércoles en el momento que el Congreso aprobó la designación de Gilberto Higuera Bernal como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) con el voto de 38 de los 41 diputados.

En el lugar se encontraban los integrantes de La Voz de los Desaparecidos, quienes se manifestaron a lo largo del día contra el posible nombramiento de Higuera, al acusar que como encargado de despacho de la FGE se negó a actuar por casi año y medio contra las bandas de secuestradores y criminales.

Desde galerías del salón de sesiones, María Luisa Núñez, quien es madre de Juan de Dios Núñez, desaparecido desde 2017, increpó a los legisladores, a quienes acusó de ser un “vergüenza y una afrenta” para los ciudadanos que votaron por ellos en los comicios de 2018.

En ese momento, la presidente de la mesa directiva, Josefina García Hernández, solicitó orden en el Congreso y advirtió a los activistas que pediría el auxilio de la fuerza pública de no ajustar su conducta.

María Luisa Núñez relató que el director de Atención Ciudadana se acercó a ella y le pidió que ‘por favor’ se retirara del lugar, por lo que la activista comenzó a descolgar las fotografías de las personas desaparecidas que el colectivo instaló en los postes de concreto que divide al pleno de galerías.

Lamentó que ningún legislador levantó la voz para reclamar por lo sucedido, al tiempo de reconocer que la hicieron sentir como “delincuente”, porque el director de Atención Ciudadano no se despegó de ella hasta que salió del salón.

“Ninguno de los diputados presentes, ni siquiera las diputadas, se pronunciaron al respecto, todos callaron, todos agacharon la cabeza como lo que son”, reprobó.

La Jornada de Oriente
Mónica Camacho
Ciudad de Puebla
Viernes 28 de febrero de 2020.


    Brillan por improductivos la mitad de diputados de Puebla

    Ni trabajan comisiones del Congreso que desaparecerán

    De 41 diputados locales, el 51 por ciento no presentó más de cinco iniciativas en un año

    La nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo en Puebla prevé reducir de 35 a 23 el número de comisiones

La mitad del Congreso de Puebla destacó por su improductividad en el primer año legislativo de la LX Legislatura, ya que 20 de los 41 diputados no presentaron más de cinco iniciativas y una de plano no ha propuesto nada.

Los 19 legisladores restantes superaron el promedio de una propuesta de ley cada dos meses, pero solo 11 de ellos registraron un proyecto cada mes.

De acuerdo con el registro de iniciativas, Estefanía Rodríguez Sandoval (de Morena) no ha presentado ninguna desde el 15 de septiembre de 2018, que inició la legislatura.

La diputada plurinominal además forma parte de los diez congresistas con más faltas, ya que no se presentó a dos de las 49 sesiones ordinarias del pleno celebradas en el último año.

Liliana Luna Aguirre (PRD); Armando García Avendaño (PRD); Guadalupe Esquitín Lastiri (MC) y Uruviel González Vieyra, de Compromiso por Puebla (CPP) tampoco tienen propuestas de forma particular, pero en grupo han presentado 30.

En su bloque denominado “Somos 5” también se encuentra Carlos Morales Álvarez, de Movimiento Ciudadano (MC), quien tiene un proyecto de reforma a su nombre.

Juan Pablo Kuri Carballo (PVEM) tiene solo un proyecto de ley y registra ocho inasistencias.

Improductividad en todos los partidos

El coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Valentín Medel Hernández, cuenta con una iniciativa, mientras que Fernando Jara Vargas (Morena) tiene dos, igual que Miguel Trujillo de Ita (del PES), además de que los dos últimos suman dos faltas a sesiones.

El expanista y ahora diputado sin partido, Hugo Alejo Domínguez, tiene tres propuestas, como la priista Josefina García Hernández; Raymundo Atanacio Luna (PT) y el morenista Fernando Sánchez Sasia.

Con cuatro proyectos empatan el presidente del Congreso y coordinador de la fracción de Morena, Gabriel Biestro Medinilla; su compañera de partido Cristina Tello Rosas (con dos faltas); el panista Oswaldo Jiménez López (cinco ausencias) y María del Carmen Cabrera Camacho (PT).

El segundo más faltista —con seis inasistencias— Gerardo Islas Maldonado (Nueva Alianza); el expanista Marcelo García Almaguer (sin partido) y Emilio Maurer Espinosa (de Morena, con tres faltas) contabilizaron cinco iniciativas en el primero de sus tres años como diputados locales.

Una iniciativa cada 2 meses

Con un promedio de una iniciativa cada dos meses se encuentran el priista Nibardo Hernández Sánchez y Héctor Alonso Granados (sin partido y con tres ausencias), mientras que las morenistas Bárbara Morán Añorve y Yadira Lira Navarro registraron siete en total, aunque la última (con dos inasistencias) pidió licencia la semana antepasada para incorporarse al gobierno del estado.

Ocho proyectos de ley acumulan Javier Casique Zárate (del PRI, con tres faltas); los morenistas Arturo de Rosas Cuevas (cuatro inasistencias) y Olga Lucía Romero Garci Crespo, en tanto que Nora Yéssica Merino Escamilla (del PES) lleva diez y la expanista María del Carmen Saavedra Fernández (sin partido) reporta 12.

Es así que solo superan el promedio de una iniciativa mensual Tonantzin Fernández Díaz y Vianey García Romero (de Morena), con 13 y 15; Mónica Lara Chávez (PES) que tiene 15; la panista Nancy Jiménez Morales, con 16 y su compañero de partido, Raúl Espinosa Martínez, con 17.

También el ex aliancista y diputado sin partido Jonathan Collantes Cabañas, que cuenta con 18; la priista Rocío García Olmedo tiene 20; la coordinadora del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, 22 y José Juan Espinosa Torres (PT) con 24.

Ni trabajan comisiones del Congreso que desaparecerán

Las 15 comisiones del Congreso de Puebla que se prevé fusionar con otras o simplemente desaparecerlas son las que menos trabajaron durante el primer año legislativo de la LX Legislatura.

La nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo que se planea aprobar en el nuevo periodo de sesiones (que inició el domingo) contempla reducir de 35 a 23 el número de comisiones legislativas.

La iniciativa perfila la desaparición de la Comisión de Organizaciones no Gubernamentales, presidida por el priista Javier Casique Zárate, quien solo ha celebrado dos sesiones en un año.

La primera fue en septiembre de 2018 y la segunda al mes siguiente, pero únicamente se aprobó el plan de trabajo y el organismo no se ha vuelto a reunir desde entonces.

Esto a pesar de que el Reglamento Interior del Congreso establece que las comisiones “deberán sesionar por lo menos una vez al mes, o las que sean necesarias, según el caso lo amerite”.

La comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, que encabeza el panista Oswaldo Jiménez López también ha sesionado solo dos veces y se pretende fusionarla con las de Derechos de la Familia y la Niñez, así como con Deporte y Juventud.

Fusiones para reducir cantidad

La de Grupos Vulnerables lleva tres sesiones bajo la dirección de la expanista María del Carmen Saavedra Fernández (ahora diputada sin partido) y se busca juntarla con Igualdad de Género.

Protección Civil se ha reunido cuatro veces con Gerardo Isas Maldonado (Nueva Alianza) como presidente, pero se planea adherirla a Seguridad Pública, en tanto que Asuntos Metropolitanos, del panista Raúl Espinosa Martínez, que lleva el mismo número de sesiones, pasaría a ser parte de Asuntos Municipales.

Con cinco encuentros, Migración y Asuntos Internacionales, de Mónica Lara Chávez (PES) se juntaría con Derechos Humanos; mientras que Vivienda, que sesionó las mismas veces con la morenista Bárbara Morán Añorve al frente, se fusionaría con Desarrollo Urbano.

La perredista Liliana Luna Aguirre reunió cinco ocasiones a la comisión de Cultura, que se contempla adherir a Turismo; Desarrollo Rural, del morenista Arturo de Rosas Cuevas (que sesionó seis veces) pasaría a formar parte de la Comisión de Bienestar.

Transportes y Movilidad, que preside el ex aliancista Jonathan Collantes Cabañas, se sumaría a Comunicaciones e Infraestructura, así como Ciencia y Tecnología, del perredista Armando García Avendaño, será parte de Educación.

Trabajo, Competitividad y Previsión Social, con Guadalupe Muciño Muñoz (PT) al frente se incluirá con Desarrollo Económico, igual que Atención a Personas con Discapacidad, de Uruviel González Vieyra (CPP), con la comisión de Salud.

Cambios de nombre

Transparencia y Acceso a la Información, de Lara Chávez, solo cambiará de nombre a Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mientras que Asuntos Indígenas, de la priista Josefina García Hernández, será Comisión de Pueblos Indígenas.

Todo esto de acuerdo con el artículo 76 del proyecto de nueva Ley Orgánica, en el cual se contempla también crear la Comisión de Normatividad Legislativa que, entre sus funciones, estaría la de dictaminar una iniciativa que en 60 días no haya sido atendida por la comisión a la que fue turnada originalmente.

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Héctor Llorame
Ciudad de Puebla
Lunes 16 de septiembre de 2019.

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